El 'bebé Theresa' reabre el dilema entre el derecho a morir o a la vida artificial

Claudia Baca

El País

Miércoles 1° de abril, 1992 – Miami, Florida.

La breve vida del bebé Theresa, una niña que nació sin cerebro y cuyo drama conmovió a todo Estados Unidos, ha suscitado en este país una urgencia por resolver el dilema legal sobre el derecho a la vida o a la muerte de personas que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir sin asistencia médica especial. Theresa Ann Pearson estaba condenada a morir desde que nació, y sus padres, Jostin y Laura, querían que los órganos vitales de la niña ayudaran a salvar a otros, pero no pudieron cumplir sus deseos porque las leyes se lo impidieron.

La familia, con la ayuda de un abogado que la representó gratuitamente, Walter Campbell trató en vano de persuadir a la justicia de que le permitiera donar los órganos de Theresa de modo que pudiera dejar un legado de su trágico nacimiento. La niña murió antes de que el Tribunal Supremo de Florida llegara a pronunciarse sobre su caso. Antes, una juez de Fort Laudertale, al noreste de Miami, y un tribunal de apelaciones negaron su solicitud, aduciendo que legalmente no estaba muerta mientras presentase algún signo de actividad cerebral, que en su caso era el rudimentario mecanismo que la hizo chillar cuando nació y que controlaba los latidos de su corazón y su respiración. Donar uno de sus órganos vitales a otro niño significaría su muerte segura.

Campbell sostiene que el Estado invadió el derecho de sus clientes a tomar una decisión personal con su médico sobre la suerte de la niña. "Este bebé conmovió a muchas personas durante su breve vida", dijo su padre, Jostin Pearson, un trabajador de la construcción de 30 años. "Sólo esperamos que no la olviden ahora que se ha ido".

Campbell y un abogado especialista en apelaciones, Scott Mager, prometieron seguir adelante para obligar al Estado a revisar sus leyes. El mismo día en que Theresa murió, Mager entregó en la legislatura de Florida un proyecto de enmienda a la ley que define cuándo ocurre la muerte. Según el experto, de acuerdo a una decisión de la Corte Suprema de 1984 que era aplicable a Theresa, jurídicamente ella tenía derecho a morir por "carecer totalmente. de las funciones cerebrales de reconocimiento y no tener conciencia de sus alrededores". Casos como el de Theresa que involucran decisiones capitales para médicos y millares de personas sin esperanzas de vida abundan en Estados Unidos, pero rara vez llegan a tener la atención nacional que el bebé Theresa convocó.

En opinión de Gonzalo Herranz, presidente de la comisión deontológica de la Federación de Colegios Médicos de España, el hecho de que se plantee la eutanasia para un niño sin cerebro "nace de la mentalidad de la intolerancia hacia la deficiencia". "Si esta mentalidad se va extendiendo, se empieza matando a niños anencéfalos y se acaba matando a niños con síndrome de Down", afirma.

La ley, tras la sociedad

Según varios especialistas consultados por el Miami Herald, las leyes nunca avanzan tan rápido como la medicina o la tecnología, y en ellas están involucradas una maraña de conceptos políticos, religiosos, morales y económicos que contribuyen a la confusión. "La ley simplemente no alcanza a la tecnología, no sé si puede, dada la sociedad pluralista en que vivimos", explicó James Hendricks, una abogada experta en derecho de salud.

Para el reverendo Henry Minich, capellán de la Universidad de Miami y profesor adjunto de leyes, la dificultad está en que la sociedad cambia más rápido que las leyes. "El propósito de la ley es reflejar la realidad de la sociedad, y la sociedad siempre estará delante de la ley". La tragedia de Theresa, ampliamente difundida en los medios nacionales de comunicación, abrió viejas heridas en muchas familias que han pasado en silencio por lo mismo. Según el abogado Campbell, sus oficinas recibieron centenares de llamadas de gente ofreciendo su apoyo moral y económico a Laura Campo y Jostin Pearson, una pareja de trabajadores que se las ingenia para mantener a sus otros dos hijos y que lleva ocho años de vida en común.